La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 620/2026 con fecha 5 de mayo de 2026 anula el Registro Único de Arrendamientos de corta duración y supone volver a 2024 para el mercado del alquiler turístico en España. Esta decisión elimina el sistema estatal diseñado por el gobierno que estaba gestionado por los Registradores de la Propiedad. De esta manera las comunidades autónomas vuelven a tener todo el poder regulador, como antes del cambio normativo y abre un escenario de posibles reclamaciones patrimoniales contra el Estado por los perjuicios ocasionados a miles de propietarios, según la patronal nacional del alquiler de corta estancia (FEVITUR).

La sentencia concluye que el Estado carecía de competencia para crear el Registro Único tal y como fue diseñado, al invadir competencias autonómicas en materia de ordenación turística. El Alto Tribunal mantiene, no obstante, la Ventanilla Única Digital y los mecanismos de intercambio de información exigidos por la normativa europea, preservando así la cooperación administrativa y la obligación de transmisión de datos por parte de las plataformas digitales.

La sentencia tiene consecuencias inmediatas para más de 100.000 viviendas cuyas solicitudes de inscripción fueron rechazadas, en muchos casos por criterios vinculados a los estatutos de las comunidades de propietarios.

Al anularse el registro estatal, las asociaciones del sector consideran que estos inmuebles podrán volver a anunciarse en plataformas como Airbnb o Booking,siempre que cuenten con la licencia autonómica correspondiente.

En una valoración realizada por la patronal FEVITUR, se estima que el coste medio soportado por cada propietario afectado (entre pérdida de reservas, bloqueos y gastos adicionales) asciende a unos 33.000 euros y sopesa impulsar reclamaciones patrimoniales que, en conjunto, podrían alcanzar los 160 millones de euros. La patronal afirma que el modelo estatal generó inseguridad jurídica y duplicidades al superponer un control registral adicional sobre actividades ya reguladas por las comunidades autónomas.

El Ministerio de Vivienda ha instado a las comunidades a reforzar los controles sobre el alquiler turístico después de esta sentencia. Por otro lado, gobiernos autonómicos como el andaluz han reclamado una evaluación conjunta del impacto económico, social y territorial de la sentencia, así como el análisis de posibles compensaciones para los operadores perjudicados.

Este nuevo escenario trae de nuevo el debate sobre cómo compatibilizar la actividad turística, el acceso a la vivienda y la sostenibilidad de los destinos, en un contexto en el que las competencias regulatorias vuelven a situarse claramente en el ámbito autonómico tras el revés judicial al modelo estatal.

Fuente Idealista.